PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

El pasado martes 4 de octubre tuvo lugar la presentación de  la PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS  DE MADRID  en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la UPM.

Como ya sabéis en la última Asamblea se decidió por unanimidad la creación de la plataforma en defensa de las universidades públicas de Madrid que agrupa a los tres estamentos estudiantes PAS y PDI, movimientos sociales, asociaciones, y cualquier miembro de la comunidad académica a título personal.

La situacion de la Universidad Pública, agravada recientemente por dos iniciativas diferentes pero coadyuvantes, como han sido -cronológicamente – los dos proyectos  del Rector de la UCM y el texto presentado por la CAM para una nueva ley de Universidades  han encendido todas las alarmas, y  han acabado haciendo patente  la imperiosa y urgente necesidad de trabajar todos en colaboración si queremos conseguir una Universidad Pública  y de calidad. En el acuerdo estaban presentes   los tres estamentos y  las seis universidades publicas madrileñas, y fueron apoyados por distintos partidos políticos y sindicatos, que posteriormente se ha ido ampliando con la incorporación de diferentes asociaciones y movimientos sociales.

El que no haya existido una sola voz discordante hace suponer que esta vez el peligro es tan evidente e inmediato que hace irrelevante cualquier discrepancia.

Pero queremos recordarte que estamos en el inicio de un proceso que tiene por objeto que el modelo de universidad sea el de un SERVICIO PUBLICO y no el de un NEGOCIO PRIVADO, y eso no se puede lograr sin el apoyo y el compromiso de todos.

Desde aquí queremos recordarte que ya existe una página web y un correo de la Plataforma y que hemos creado una serie de comisiones- a las que ya puedes incorporarte – sin perjuicio de que en posteriores reuniones se amplíen con vuestras propuestas  y sugerencias.

Página web: www.plataformauniversidadesmadrid.es

Correo de contacto: contacto@plataformauniversidadesmadrid.es

Comisiones:

  1. Comisión de información e intercomunicación de trasferencia de información entre asociaciones, sindicatos, partidos y comunidad universitaria presentes en la reunión.
  2. Comisión que haga un análisis del documento de la Comunidad y elabore un Manifiesto formulando los principios generales del modelo de universidad que defendemos.
  3. Comisión para proponer y realizar vídeos que expliquen la problemática de la nueva ley de forma clara y didáctica.

En principio nos vemos el próximo día 17 de Octubre,  en sitio y hora que os comunicaremos una vez lo hayamos confirmado.

Análisis pormenorizado del texto presentado por la CAM sobre la ley de Universidades

De acuerdo con el compromiso contraído por CUPUMA en su último comunicado trataremos de entresacar y dibujar con claridad las líneas maestras del texto que la CAM propone como base para su nueva ley de Universidades.

 

Como casi siempre -y mucho más en esta época de reinado absoluto del eufemismo más mistificador-, los objetivos que se afirma alcanzar, pueden ser considerados razonables: “El objetivo principal es generar un consenso estable sobre los grandes objetivos que debe perseguir la Enseñanza Superior en la Comunidad de Madrid y las herramientas básicas para conseguirlos”.

 

El problema es que siendo posible compartir los objetivos, analizando los medios que se pretenden utilizar para lograrlos, nos encontramos con frecuencia con la aparición de numerosas contradicciones, consecuencia inevitable de que las herramientas previstas para alcanzar el objetivo, delatan claramente sus verdaderas intenciones.

 

Las 53 páginas de que consta el proyecto que se presenta como punto de partida para la nueva ley de  Universidades de la CAM, dibujan un panorama aterrador para el porvenir de la Universidad Pública. La propuesta de la CAM pretende prioritariamente acabar con los pilares sobre los que fue erigida la Universidad Pública, y sustituirlos por planteamientos de lo que se podría llamar Universidad Gerencial o Universidad Empresarial, que es otro eufemismo de la Universidad Privada.

 

Porque el verdadero  fondo de la cuestión es el concepto, el modelo de Universidad. Y las dos alternativas posibles son o la Universidad entendida como servicio público o la universidad concebida como EMPRESA. En la primera opción predomina el interés público y en la segunda el interés privado, el beneficio, el mercado. Son dos modelos de Universidad que en teoría se corresponden con los de  Universidad  Pública y Universidad Privada en la que la Universidad Gerencial estaría planteada como inevitable paso intermedio.

 

La autonomía universitaria, consagrada por la propia constitución, es en estos momentos el mayor problema para poder conseguir ese cambio de modelo. La CAM parece opinar lo mismo y por lo tanto ese será su principal objetivo y la mayor parte de las “sugerencias” van en el sentido de sustituir la autonomía universitaria por un control absoluto por parte de la CAM.

 

El control se establece fundamentalmente a través de cuatro  instrumentos.

  1. La financiación. : “la futura ley debería contener el marco general en el que se desarrolle la financiación universitaria, distinguiendo esencialmente tres fórmulas: la directa de carácter básico, la que se canaliza a través de contratos programa, y la financiación atribuida mediante convocatorias competitivas”

 

Aquí ya nos encontramos con la primera apuesta decisiva. Entre la opción de que cada universidad disponga de la financiación  que necesite y la de que compitan entre ellas por cualquier medio para conseguir alcanzar la mayor parte del botín, se elige claramente la segunda. La financiación básica para todas las universidades nunca contara con dinero suficiente  -y con las perspectivas que plantea actualmente Bruselas de cuantiosos recortes, muchísimo menos-  y supondrá la progresiva desaparición de las Universidades “básicas” cuya financiación –o quizá solo una parte-  irá a engrosar las universidades de “excelencia”.

 

Primer punto de discrepancia “básica”: se prefiere la competencia a la cooperación Como mi objetivo es conseguir llegar más arriba que tú , poner mis pies sobre tu cabeza, me garantiza plenamente alcanzar el objetivo.

 

Adentrándonos en la lógica de la propuesta, habría que preguntarse por los criterios con los que se deciden esos incentivos. Ahí la inconcreción es absoluta:

 

“Incentivos en la financiación de Universidades que adopten o demuestren buenas prácticas académicas, en función de parámetros objetivos.”

 

Como resulta obvio, plantear semejante criterio y no especificar absolutamente nada más, supone “adecuar” la financiación a las necesidades del gobierno  del momento. La discrecionalidad total defendida por la CAM supone que queda absolutamente en sus manos la financiación de las universidades madrileñas. Y el panorama que dibuja es la existencia, en la práctica, de Universidades de primera y de quinta división, con  la progresiva desaparición de estas últimas.

2.- Profesorado: Muy posiblemente la parte más significativa de la propuesta. Se plantea una radical  trasformación del trabajo y la función del profesor a través de  un doble camino:

  1. a) dentro de las estructuras actuales. La mayor novedad supone la creación –algo que amplia igualmente a las universidades a través de su “necesaria” especialización- de diferentes tipos de profesores, fundamentalmente dos: profesores docentes y profesores investigadores. Pero aún más grave que esto supone la jerarquización que establece entre ellos con clarísima preeminencia a favor de los profesores investigadores, puesto que consideran que tienen mayor capacidad de aportar financiación externa.

 

El texto habla de implantar medidas que faciliten “la dedicación preferente y especializada del profesorado a la docencia o la investigación, brindándole de esta manera la oportunidad de especializarse y de innovar en la docencia o la investigación, pues con carácter general resulta difícil compatibilizar la dedicación polivalente que hasta la fecha ha prevalecido.”

 

Es decir que los profesores de primera- investigadores- verán reducida su docencia, incluso hasta su absoluta desaparición, mientras que los de segunda –docentes- irán aumentándola progresivamente para lograr consolidar la desvinculación docente de los investigadores. Ni que decir tiene que los incentivos- y por lo tanto la posibilidad de mejorar condiciones laborales y salario- serán numerosos para los investigadores y prácticamente nulas para los docentes. De este proceso progresivo perfectamente diseñado, se deduce  que la verdadera  mejora de  la calidad docente consiste  en crear mecanismos para que una serie de investigadores “excelentes” consigan  liberarse de sus tareas docentes.

  1. b) A través de la creación de nuevas figuras contractuales, fundamentalmente la creación de los denominados profesores agregados, sin necesidad de ser funcionarios pero con competencias y emolumentos equivalentes a las de titulares y catedráticos.

 

¿Quién decide a quien se contrata y en base a qué criterios? Aquí de nuevo queda clara la verdadera intención de crear una carrera paralela que no solamente escape al control de las Universidades sino también al de la propia ANECA. Y por eso cobra sentido un nombramiento como el de Rafael Van Grieken como consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Casualmente Van Grieken era director de la ANECA hasta su nombramiento y ahora parece que se encargara de poner a punto la ANECA autonómica, la Fundación Madri+d, para controlar la entrada y promoción de todos los que lleguen a la universidad a través de la vía paralela, pero obviando  los planteamientos de igualdad, mérito y capacidad que consagra la Constitución, pero que incumple e ignora la propuesta de la CAM.

 

Algo similar se pretende hacer con los centros “de alta investigación” sobre los que solo la CAM  tendrá control, y en los que igualmente podrá nombrar a sus integrantes al margen de los requisitos universitarios.

 

No deja de ser curioso que mientras se pone el acento sobre los profesores agregados y similares, ni se menciona siquiera la demencial situación del personal docente creada en las universidades madrileñas,  laimprescindible estabilización del profesorado precario, la necesaria recuperación del profesorado  que tuvo que abandonar la Universidad  como consecuencia de unos recortes que según el Presidente del Gobierno  ”nunca afectarían ni a la sanidad ni a la Educación”.

Por supuesto – y de forma plenamente coherente- las referencias a la situación del  PAS  y de los  estudiantes son prácticamente inexistentes.

  1. Sistema de Gobierno: refuerzo y control de los órganos menos democráticos de la Universidad como el Consejo Social.

 

El Consejo Social, en teoría, el encargado de incorporar la sociedad civil al gobierno de las Universidades, se ha revelado inequívocamente a lo largo de los años como el más inútil e inoperante de los órganos de gobierno de las universidades, que se caracteriza además por el absentismo de sus integrantes, tanto en las reuniones propias como en aquellas de otros órganos de gobierno, en que alguno de sus miembros se hallaba incluido en representación del Consejo Social. Encargado de facilitar la financiación externa de las Universidades, no solo han incumplido este objetivo, sino que el fracaso es similar en casi todos aquellos cometidos que el ordenamiento jurídico le asigna.

 

La argumentación de la necesidad y funciones del consejo social fue el siguiente. Dado que se trataba de una entidad pública, tenía que haber una representación de la ciudadanía y por lo tanto tendrían que incluirse como representantes de los ciudadanos dirigentes de los bancos, las grandes empresas, los partidos y en menor medida los sindicatos. Y resulta extraordinariamente curioso y enormemente significativo que en los Consejos de las universidades Publicas-con la aquiescencia de las propias Universidades- se  han repetidos nombres de aquellos que utilizaron las tarjetas black como consecuencia de su “condición”  de consejeros de Bankia. Y a juzgar por lo que propone la Comunidad de Madrid, da toda la impresión de que se pretende repetir la jugada. Conviene no olvidar que ya en el informe de “los expertos” nombrados por Wert, se planteaba algo extraordinariamente similar, garantizándose que la mayoría de los integrantes del Consejo decisorio  estuviesen nombrados por la propia CAM o por organismos dependientes de ella, con lo que garantizaba su absoluto control.

 

Ese tema no está suficientemente explicitado en el texto, por lo que resulta muy difícil emitir una opinión definitiva al respecto, pero si existen suficientes indicios que pueden sugerir por donde irán las verdaderas intenciones de la CAM. Se trata solo de algunos ejemplos, pero creemos que suficientemente significativos.

 

En el apartado X.2 se especifica que el número de sus integrantes debe de ser el mismo que el actual,- utilizando como justificación la peregrina teoría de que aumentar sus integrantes lo haría inoperativo- y a continuación afirma que “la composición de los consejos sociales debería abrirse a los antiguos alumnos de cada universidad”, lo que unido a la imposibilidad de aumentar el número hace que otros colectivos-¿los sindicatos?- se van a ver  obligados a disminuir su representación. Sobre este tema remata:” La participación de los antiguos alumnos podría cifrarse en al menos uno por cada consejo social y la propuesta de su designación debería corresponder a un Consejo de Antiguos Alumnos”.

 

Un poco más adelante, desvela una parte de  sus objetivos: “la Consejería propondría el nombramiento de cuatro consejeros y la Asamblea propondría tres, oído el rector de la universidad.”

 

“El Consejo Social –utilicemos como ejemplo el de la Universidad Complutense de Madrid- está compuesto en la actualidad por diecinueve personas: trece, representando los intereses sociales, y seis en representación de la Comunidad Universitaria.

 

La normativa de la CAM reza textualmente: “el Consejo Social se concibe como un órgano de participación de las instituciones sociales en la vida universitaria, especialmente en las actividades de carácter económico, y en una doble dirección: la promoción de la colaboración de entidades sociales y económicas en la financiación de la Universidad, y la supervisión de las actividades económicas de la misma.”

 

Creemos que resultaría difícil encontrar un caso tan evidente en que partiendo de una doble función teórica, únicamente se haya  tomado en cuenta una de ellas, utilizando esa posibilidad de supervisión con la única intención de vigilar y cuidar, no los intereses de la sociedad, sino los  de los partidos y  empresas que representan,  y donde el fracaso de la primera función haya sido tan absoluto y clamoroso.

 

Pero lo más significativo es la distribución que hace la UCM entre los representantes de los intereses sociales. Entre los 13  que les adjudica -más de dos tercios sobre el total de 19 que integran el Consejo- se encuentra  el presidente que es directamente un político del PP, Carlos Mayor Oreja, hermano del que fuera ministro Jaime Mayor Oreja. Si el hecho de que haya ocupado numerosos altos cargos en la comunidad de Madrid-entre ellos consejero de Educación, y presidente del Canal de Isabel II-,  puede  ser altamente significativo, creemos que lo que resulta determinante para el adecuado desempeño de su cargo, es su condición de  profesor y de Director General del CEU San Pablo, al igual que su puesto de consejero de la COPE. Obviamente se nos antoja muy difícil encontrar alguien que fuera “más idóneo”  para defender la autonomía, y conseguir financiación para la Universidad Pública.

 

En estas condiciones y dado que el texto –muy prudentemente- omite totalmente si acepta, o no,  la “recomendación de los expertos de Wert” de que el Rector no debe ser elegido por votación entre la comunidad universitaria, que además debe nombrar a dedo a los decanos y estos a su vez a los directores de departamentos, se puede concluir que el objetivo previsto de controlar los Consejos Sociales- y a través de ellos las Universidades Publicas-  tiene un alto porcentaje de probabilidades de alcanzar su objetivo, como también el de contribuir a la desaparición de los cada vez más  escasos reductos democráticos que aún restan en las Universidades Publicas.

 

4.-La falta de trasparencia

Uno de los métodos más eficaces – CUPUMA lo sabe perfectamente y lo ha comprobado fehacientemente en numerosas oportunidades, algunas muy recientes- de evitar actuaciones “irregulares” –incluso claramente ilegales-, especialmente en un país donde mentir con absoluto descaro, se ha convertido en algo cotidiano y sin ningún coste ni político ni penal, es exigir trasparencia, tanto en los procesos como en sus  participantes.

 

A partir de la aprobación de la ley de trasparencia-diciembre de 2013- resulta difícil para un organismo público no defender teóricamente la trasparencia de su gestión. En el preámbulo de dicha ley se afirma textualmente: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política.”. Esto es la teoría. En la práctica –lo destapado recientemente por CUPUMA, así lo demuestra- es otra historia muy distinta. Dado que están convencidos de que el conocimiento público de la realidad no puede suponer más que problemas añadidos para sus intereses, se plantea la contradicción de defenderla teóricamente, pero a la vez poner todas las pegas posibles e imaginables para conseguir una verdadera opacidad. Por eso de vez en cuando les traicionan sus querencias. Entre las novedades que preconizan se encuentran la de la creación de un consejo académico:

 

El consejo académico debería estar integrado por académicos ajenos a la propia universidad, preferiblemente que no desempeñen su actividad en España. Además, la experiencia enseña que este tipo de órganos puede inhibirse en la sinceridad del análisis o recomendaciones si sus documentos son públicos, por lo que debería contemplarse que tales documentos solo fueran accesibles para el consejo social y el equipo de gobierno de la universidad.”

 

Resulta extraordinariamente curiosa la argumentación utilizada para oponerse a la transparencia: “la experiencia enseña que este tipo de órganos puede inhibirse en la sinceridad del análisis o recomendaciones si sus documentos son públicos”. Hace una afirmación tajante, dando por inamovible algo lógicamente transitorio, y en lugar de plantearse resolver esa disfunción -es decir hacer que se acostumbren a trabajar con transparencia como obliga la ley- concluye con la solución de que solo el consejo social y el equipo de gobierno de la Universidad tengan acceso a esos documentos.

 

Pero la evidencia de que esta manera de pensar no afecta solo a este caso particular, sino que corresponde a una forma de pensar arraigada profundamente y que preocupa constantemente a los promotores del proyecto, lo demuestra el siguiente párrafo: “El consejo social debe poder dirigir recomendaciones y propuestas a los órganos de gobierno de la universidad y decidir si las hace públicas o no.”

 

Pero no es el único caso: “El consejo social debe poder dirigir recomendaciones y propuestas a los órganos de gobierno de la universidad y decidir si las hace públicas o no.” De nuevo aparece la contradicción: los representantes de la ciudadanía teniendo -y con toda probabilidad ejerciendo- la opción de negarse a hacer públicas sus propuestas y recomendaciones, impidiendo que sean conocidas precisamente por los ciudadanos –y por los miembros de la comunidad universitaria- a los que teóricamente deben y dicen representar. Falta absoluta de trasparencia. Incoherencia. Opacidad total.

 

La guinda del pastel en lo referente al control lo aporta otra interesante novedad –la medida supone además de un incremento presupuestario adicional, la posibilidad de duplicidad y colisión de competencias, en el contexto de una situación económicamente desfavorable- pero que resulta extraordinariamente interesante en cuanto a la revelación de los verdaderos objetivos:

 

Para ejercer todas estas competencias de control, sería necesario que la Consejería de Educación crease, dotase y organizase un Servicio de Inspección Universitaria (o Servicio de Inspección de Enseñanzas Superiores) dentro de la Dirección General de Universidades e Investigación”. Mientras que determinadas mejoras no se pueden afrontar por falta de financiacion, parece ser que semejante problema es inexistente para las  numerosas novedades -enormemente discutibles casi todas-que propone, a pesar de que algunas de ellas requieren cuantiosa financiacion. Y no existe la menor indicacion de que recortes adicionales seran precisos para implantarlas, pero al menos sus  prioridades suponen toda una declaración de principios.

 

La conclusión provisional conduce inevitablemente a  que estamos ante un intento de desembarco organizado, para una inequívoca toma del poder- por parte de la CAM-, de las Universidades Publicas. El precedente anterior de un planteamiento similar lo podríamos encontrar con lo ocurrido  en las Cajas de Ahorro y creemos que la experiencia de Caja Madrid- Bankia, literalmente “asaltada y ocupada” por la CAM con los resultados que todos conocemos, es lo suficientemente significativa para que no sea preciso extenderse aquí sobre los grandes“beneficios sociales, económicos y políticos” que se derivaron de tan brillante planteamiento.

CUPUMA

http://www.cupuma.org/